La carroña de los fondos-buitre
El capitalismo más desalmado y salvaje en nuestro país tiene su máximo exponente en los desahucios de viviendas que los fondos-buitre realizan, en algunos casos, de personas y familias que, por su evidencia, resultan escandalosos.
Independientemente de la legitimidad que el proceder de los fondos-buitre pueda alegar en todo el proceso de desahucio, existe una ética y una humanidad que está por encima de dicho proceder y que en estos casos debe prevalecer, si tenemos en verdadera consideración lo que indica el primer artículo de nuestra Constitución sobre los valores superiores de justicia e igualdad.
El reciente caso del desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda de Madrid en la que llevaba habitando más de 70 años, es uno de los muchos casos en los que se demuestra que esa justicia e igualdad antes aludida es pisoteada por el modus operandi de los fondos-buitre, con la permisividad de las administraciones y gobiernos.
La dificultad de acceso a la vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler, es un problema de primer orden en la gran mayoría de las poblaciones españolas, un problema que crece y que se agrava sin que se atisben visos de solución ni a corto ni a medio plazo. Lo recogido en el artículo 47 de la carta magna, «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho […]», se presenta hoy en día ante nuestros ojos como papel mojado.
A su vez, debido a las implicaciones que esto último conlleva, menoscaba fundamentalmente otro de sus preceptos básicos contenidos en el artículo 9.2: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud […]».
Difícilmente se puede construir y progresar en un estado donde parte importante de sus ciudadanos ven mermados, considerablemente, uno de sus derechos fundamentales y más importantes para sus vidas, como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Indudablemente que en los casos de desahucios cada uno de ellos puede tener unas consideraciones y profundidades que a muchos ciudadanos se nos escapen, no nos llega toda la información y puede venir sesgada, es posible que no existan dos casos iguales. Puede producirse una manipulación interesada desde las distintas partes políticas, privadas, colectivas,… que están activas en estas causas. Pero está claro que en muchos casos existe un drama personal o familiar si se produce un desahucio.
El movimiento okupa también otorga un grado de complejidad y de distorsión que enrarece siempre un sosegado análisis del problema de la vivienda en España, diferenciar bien los efectos de la okupación con los de los desahucios es esencial para aproximarnos a la realidad y las posibles soluciones.
Otra acción de los fondos-buitre muy perjudicial es la compra de edificios — normalmente en zonas deterioradas, céntricas y turísticas— para convertirlos en edificios de apartamentos turísticos y que son los principales causantes de la gentrificación. Cuando se habla de los efectos nocivos del turismo masivo un exponente claro es este que se ha mencionado. No se trata de apartamentos o viviendas turísticas de propietarios individuales que explotan algún apartamento, comprado a tal efecto o heredado, y que transforman en vivienda turística contribuyendo así a una economía social.
Estos fondos-buitre son empresas nacionales e internacionales que explotan los edificios con el simple objetivo del máximo rendimiento económico sin consideraciones de otro tipo. El beneficio económico se deslocaliza y va a parar a otros territorios, no se reinvierte en las zonas donde están asentados los edificios y además generan unos problemas colaterales que impactan muy negativamente en el entorno.
Es creciente el movimiento ciudadano que lucha por evitar estos desahucios injustos y también contra esos procesos de gentrificación y de turistificación que desalman a nuestra sociedad y a nuestros pueblos. Las administraciones y gobiernos se mueven a ritmo mastodóntico y permiten con su inacción, y a veces con su acción, que los efectos negativos que generan estos problemas no dejen de crecer y no plantean soluciones operativas al respecto. El progreso y el crecimiento económico mal entendido sigue estando en las mentes de nuestros gobernantes y de nuestras administraciones, en sus entendimientos miopes, el laissez faire et laissez passer no es la mejor opción en estos casos.
Si dado el gran problema que existe en el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos, tanto por la escasez en la oferta como por los elevadísimos costes que suponen dentro de la renta disponible de individuos y familias, no se produce una verdadera revuelta, es que la sociedad española está totalmente noqueada y es incapaz de reaccionar ni siquiera al gran perjuicio que le causa esta situación.
La enorme barrera que supone para los jóvenes el acceso a la vivienda para su emancipación y pasar a una vida adulta autónoma, producirá un serio daño a la estructura social y a la cohesión de los jóvenes que les haga integrarse en el proyecto común que debe ser un país. La desafectación social y política de los más jóvenes es un riesgo y una realidad que tendrá efectos muy perniciosos. Y no solo esto ocurre en esa población joven, muchas personas y familias también sufren este problema y corren paralelos en su desencanto.
Los políticos no son capaces de trabajar unidos en este asunto que es común en todo nuestro territorio nacional, con independencia de los colores de los gobiernos respectivos, es un problema objetivo en su realidad y, en cierto modo, apolítico; pero no son capaces de afrontarlo y plantear soluciones válidas, consistentes y duraderas.
Mientras la acción de la inacción de los gobiernos hace que tanto los fondos-buitre y los sectores más despiadados del capitalismo salvaje —la banca siempre gana— se frotan las manos con sus cuantiosas y crecientes plusvalías, hipotecan el futuro de muchos ciudadanos españoles y les crea una dependencia financiera excesiva.
Entre la inflación, el Euribor en alza, la asfixiante presión fiscal y la subida desorbitada de los combustibles, no nos queda otra que irnos a ponernos una rebequita a nuestras hipotecadas casas; el que la tenga, claro está.
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