¿Soluciones habitacionales?

        En la actualidad, el problema de acceso a la vivienda es, sin duda, el problema más acuciante y grave que está presente en la sociedad española y que tiene un efecto directo y transversal, ya que afecta a un segmento social cada vez más amplio. Dado el carácter reactivo —no proactivo— y procrastinador, común de la administración pública, el problema actual de acceso a la vivienda se ha ido agravando progresivamente sin atender a los parámetros que sirven de indicadores al respecto y menospreciando la alarma social que se ha generado.

       Como todos sabemos, la principal inversión que hacen los ciudadanos y las familias es, por lo general, en vivienda, ya sea por compra o alquiler, y que a su vez lleva asociada otros gastos de inversión notables, derivados de la hipoteca, la reforma, el mantenimiento,…

       Así, el encarecimiento del precio de la vivienda y de los alquileres, hace que la asfixia económica y financiera de muchos ciudadanos y familias sea cada vez menos soportable y que la renta disponible sea más exigua, no dando margen a otras inversiones y gastos que perjudican tanto a ellos como a otros sectores de la economía.

       Cualquier política pública que quiera incidir de un modo efectivo sobre la mejora del acceso a la vivienda, debe partir de un diagnóstico muy completo y acertado para aplicar las medidas correctas, no dejando componentes fundamentales fuera. Estamos ante un problema complejo y difícil de abordar y que tiene el agravante del componente especulativo del mercado de la vivienda, derivado de las altas plusvalías que genera. Tener en cuenta a todos los actores —directos e indirectos— de ese mercado de la vivienda e integrarlos en la búsqueda de soluciones conjuntamente con los agentes del sector público, mostraría a las claras el correcto enfoque para abordar la problemática.

       Querer imponer una regulación estricta que afecte sensiblemente a las dinámicas a dicho mercado, propenso a la inflexibilidad, sin un mínimo consenso, creo que estará condenada al fracaso. Por otra parte, aplicar medidas a corto plazo que no actúen sobre la raíz del problema —aunque sean efectivas—, que no estén incardinadas en planes con horizontes a medio y largo plazo, serán un desperdicio de recursos. Buscar la sinergia entre la iniciativa privada y la pública puede ser el factor clave para mejorar la situación, conciliar convenientemente el mercado con la utilidad pública y social.

       Los efectos de la turistificación y de la centrificación son evidentes desde hace unos años, por ello, la administración pública debe entonar su mea culpa al no actuar debidamente ante una situación conocida y creciente con las medidas correctoras necesarias y justas.

       Utilizar al sector turístico como chivo expiatorio y, más concretamente si cabe, al subsector de las viviendas turísticas, es un argumento parcial e injusto, máxime cuando el turismo es uno de los sectores primordiales en España y está siendo protagonista del crecimiento económico en nuestro país. Optar para que el sector servicios, y en especial el turismo, sea una actividad primordial tiene sus ventajas e inconvenientes, es incongruente utilizar el palo y la zanahoria simultáneamente.

       La demanda turística a nivel mundial va en incremento y España es un destino en constante crecimiento, ignorar lo anterior o mirar hacia otro lado solo contribuirá a empeorar los efectos negativos que conllevará. Hacer compatible la oferta-demanda con un desarrollo sostenible a todos los niveles debería ser un objetivo primordial.

       Habría que estudiar como los nuevos establecimientos hoteleros de nueva planta, hoteles y semejantes (bloques de edificios destinados a viviendas o apartamentos turísticos), influyen en el descenso de la oferta de nuevas viviendas, venta de viviendas de segunda mano y viviendas para alquiler. Cuando se habla de zonas tensionadas también habría que distinguir aquella ofertar que fomenta la economía social y la que no, la que beneficia a propietarios particulares con la de empresas hoteleras o fondos de inversión. ¿Qué tipos de establecimientos contribuyen más a un desarrollo sostenible y a fomentar la economía social? ¿Qué tipos de establecimientos conllevan una subida del precio del suelo, de la disminución de la oferta de viviendas y de la escasez de suelo?

       Si, definitivamente, no se ataja el problema de acceso a la vivienda tomando medidas y planes certeros y no se establecen pactos, para que las políticas de viviendas sean mantenidas en el tiempo con independencia de los vaivenes político-partidistas; la repercusión y la crispación social será cada vez mayor. Un gran sector de la población española ya se ve excluida del derecho fundamental a la vivienda, la indefensión en la que se encuentran no generará más que desafección política y social que irá erosionando paulatinamente las bases del Estado de derecho.

      También debe tenerse muy en cuenta que el artículo 47 indica «vivienda digna y adecuada». ¿Es una “solución habitacional” una vivienda digna y adecuada? Queda bien claro que muchas administraciones competentes en materia de vivienda entendían que una “solución habitacional” era una vivienda, aunque no fuera ni digna ni adecuada, con lo cual se constata la escasa sensibilidad, importancia y respeto al literal del texto constitucional.

      De la “solución habitacional” a una política apropiada que facilite el acceso a la vivienda de los que actualmente se encuentran en la zona de exclusión, va mucho trecho. Mientras que los “inversores inmobiliarios”, los fondos-buitre, los especuladores inmobiliarios,… siguen campando por sus anchas, se siguen produciendo muchos desahucios injustos. Mientras no exista un Pacto de Estado que fomente seriamente el acceso a la vivienda, todo será un parcheo vergonzoso que juega con la dignidad de miles de españoles que comenzarán a preguntarse —sin ironía—: «¿Qué están haciendo nuestros políticos por nosotros?»

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