El problema de los vertidos tóxicos a los ríos en casi todas las cuencas hidrográficas no es novedoso, sus consecuencias son siempre nefastas y no siempre reversibles. Unos de los ejemplos históricamente más desastrosos en cuanto al resultado medioambiental es el producido en la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras en la provincia de Huelva. Sin entrar en detalles que no ha lugar por espacio y contexto en este artículo, podría decirse que puede ser el mejor ejemplo del peor ejemplo, y no solo desde el punto de vista ecológico.  

En 1873, el recién llegado gobierno de la Primera República necesita fondos y adjudica las minas de Río Tinto por 92 millones de pesetas a la casa Mathesson y Cía., de capital británico, posteriormente actuaría como Rio Tinto Company Limited (RTC). El modelo de gestión es colonial que se extendió hasta mediados del siglo XX. Dada la situación deprimida de la zona, hacen de la explotación de las minas el principal motor de la economía de la zona y prácticamente de toda la provincia de Huelva.

En 1888 la compañía ocupaba a 10.000 trabajadores, entre ellos mujeres y niños. Los problemas ecológicos, laborales y de salud se extienden. Las emanaciones de humos contaminantes y dióxido de azufre de las calcinaciones de las teleras, un procedimiento para obtener cobre prohibido en Inglaterra e incluso en Portugal. La perenne y densa nube de humo (la manta) arruinó cosechas, afectó a la ganadería, contaminó las aguas, produjo enfermedades,…

El 1 de febrero de ese mismo año se inició una huelga y el 4 de febrero en Zalamea la Real se produce una manifestación (llamada «El año de los tiros») de mineros, agricultores y habitantes. La Liga Antihumos encabezada por el anarquista Maximiliano Tornet aglutina a los manifestantes con la consigna de «¡Abajo los humos! ¡Viva la agricultura!» y en la Plaza de la Constitución entran los soldados del Regimiento de Pavía, así lo narra La Coalición Republicana, periódico que dirigía José Nogales (tío del periodista Manuel Chaves Nogales): «Cuando con más alegría y confianza se hallaban los manifestantes apiñados, en número superior a 12.000, en las estrechas calles adyacentes y plaza, mandaron retirar la caballería del sitio que ocupaba y acto seguido una descarga cerrada, inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? La soldadesca inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca del fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de la pólvora y la sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades».

En la actualidad, la Junta de Andalucía ha dado autorización para que se realicen vertidos al Río Guadalquivir procedentes de las minas Las Cruces y Los Frailes. Los riesgos de contaminación en el ecosistema del río, a su estuario y a Doñana son ciertos, ya existe constancia de niveles nocivos que, de continuar, pueden causar daños irreversibles. Se está a tiempo de realizar nuevos estudios y replantear la situación para que los vertidos y desechos de las minas no causen otra tragedia comparable a la rotura de la presa de Aznalcollar en 1998. La insensibilidad política ante la situación es alarmante, son muchos los expertos y voces autorizadas que han indicado la peligrosidad de los vertidos, con argumentos científicos y con estudios y muestras que corroboran el impacto que se está produciendo y se producirá.

 La Plataforma Ciudadana SOS Salvemos el Guadalquivir y científicos y expertos como Jesús Castillo y Félix Talego, además de otros, advierten que debe prevalecer la precaución en la toma de decisiones en casos tan críticos como el indicado. Parar, sopesar, reestudiar,… nunca está de más cuando se presentan dudas y hay indicios inequívocos de que se está poniendo en riesgo la salud medioambiental.

También es necesaria la sensibilización de la ciudadanía. La fragilidad de un ecosistema tan delicado y preciado como es el del Bajo Guadalquivir —como también lo pudiera ser otro—, precisa de un celo extremo. No se debe acusar de alarmismo a los que con argumentos científicos advierten de los riesgos, el alarmismo previene mientras que la insensibilidad puede destruir. La insensibilidad política que desoye las advertencias y obvia las evidencias científicas y la insensibilidad ciudadana, que con su pasotismo espera que otros saquen las castañas del fuego, es infinitamente más perjudicial.

 Los intereses privados no deben estar por encima del bien común, al igual que en Huelva a finales del siglo XIX, la reapertura de minas puede aportar una inyección económica y de empleo sustancial, pero en el revés de la moneda puede dibujarse el signo de la destrucción medioambiental y que en poco tiempo, nosotros y las generaciones venideras, tengamos que convivir en un entorno degradado y lánguido.

Queda el partido de vuelta, la remontada es posible, estamos a tiempo de revertir la situación, yo, al menos, podré decir a las nuevas generaciones, «por mí no quedó».

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