Ya desde el inicio del artículo nos encontramos con dos matices importantes, «todos los españoles» plantea la duda sobre si en la actualidad, atendiendo a la composición actual de los habitantes, residentes, emigrantes,… en España, tendría que ampliarse y especificarse esa objetivación de los detentadores del derecho.

         Por otra parte, cabe señalar que se reconoce un derecho «a disfrutar», ese disfrute puede realizarse bajo otros regímenes diferentes al de propiedad; la tendencia y costumbre en nuestro país hacia la adquisición de vivienda en propiedad es un factor a tener en cuenta. La gran dificultad para adquirir una vivienda ha ido incrementando paulatinamente el alquiler como modo de ejercer ese disfrute.

         A lo anterior, se debe añadir la adjetivación de «digna y adecuada» al disfrute de la vivienda, cosa que crecientemente se está conculcando de un modo palpable. La inacción de las administraciones ante la degradación de esas cualidades es evidente y notoria ante la proliferación de la infravivienda, parece que se admite subrepticiamente como una solución paliativa cuando dichas administraciones miran para otro lado.

         Siguiendo con el texto del artículo: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»

         Es razonable que la Constitución del 78 no se ocupara de un desarrollo mayor respecto a la cuestión de la vivienda, se atendía a otros aspectos prioritarios más acuciantes y latentes que un derecho social y económico que, previsiblemente, se desarrollaría con posterioridad. Pero lo cierto que el desiderátum del texto marca claramente a «los poderes públicos» a promover y velar por el cumplimiento de ese derecho y señala tres elementos claves: la regulación de la utilización del suelo, el interés general e impedir la especulación.

Quedó bien definido el marco de actuación de las administraciones, la línea a seguir estaba trazada aunque lamentablemente no se ha trabajado en esa dirección, más bien en la contraria. Se ha regulado el suelo deficientemente, negligentemente y hasta con cierta prevaricación. Resultado de lo anterior, el interés general nunca ha primado a la hora de regular, se ha supeditado a otros intereses más espurios. Y por último, todo lo concerniente a la vivienda se ha rodeado de especulación.

Es evidente que el «derecho a disfrutar de una vivienda» es hoy en día un grave problema, no debemos llevarnos a engaño, la complejidad del asunto hace que sea bastante difícil de aminorar, cuanto más de resolver. La dimensión del problema es grande, la pésima  actuación o inacción de las administraciones lo ha empeorado ostensiblemente. La dispersión de competencias y la falta de coordinación entre las administraciones siguen persistiendo, no se coge «el toro por los cuernos», se establecen medidas, normas, leyes,… que solo ponen paños calientes.

En un mercado libre, los intentos por controlar, dirigir o corregir la oferta difícilmente obtienen los resultados que se pretenden. Teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario y todo lo que conlleva, se mueve en un entorno altamente especulativo y donde las plusvalías generan cuantiosos beneficios, articular medidas que, en definitiva, van en detrimento de los beneficiarios, resultan poco efectivas.

Solo con una actuación integrada de todas las administraciones podrían establecerse medidas eficaces para ir solventando progresivamente la escasez de vivienda, que es en definitiva, donde reside el principal problema.

En el panorama actual de la política española poca cabida hay para el acuerdo y el consenso y, por consiguiente, la vivienda seguirá siendo un problema para un gran sector de la población española.

Pienso sobre todo en la población joven que se va incorporando al mercado laboral y que comienzan a labrar su futuro, la dificultad de acceso a la vivienda — sea en régimen de propiedad o mediante alquiler —, se les plantea como un obstáculo para su proyección vital.

         Si nos somos capaces de ofrecer un bienestar mínimo a nuestros jóvenes, sin que se sientan esclavos de un sistema que los asfixia y que los lleven a una vida de mera subsistencia para llegar a fin de mes, España se convertirá en un país inhóspito para ellos. Todo ello traerá un descontento creciente y una desafección en una generación de españoles que pronto se preguntarán «¿qué he hecho yo para merecerme esto?»

         Tal vez nuestros jóvenes, hartos de sentirse ciudadanos de segunda, de que los manipulen, de que los ninguneen, de que les pongan el listón más alto, de que los engañen,… un buen día gritarán un «¡basta ya!». Tal vez comiencen a exigir a los políticos de esta decadente Partitocracia de que dejen de mirarse sus ombligos y sus bolsillos, que ya no valen las escusas. Quizás esa sea la única solución para el candente problema de la vivienda y, de paso, también de otros problemas que nos están generando y acrecentando a todos los españolitos.

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